Misión Silenciar

“Empecé a tomar fotografías y de repente (activistas oficialistas) me rodearon, eran como 30, y comenzaron a gritarme y a proferir amenazas para que les entregara mi cámara. Ellos querían que se las diera o que borrara las imágenes. Les dije que no porque ese es mi trabajo, pero ellos insistieron y comenzaron a darme patadas. Luego llegó un guardia nacional y también me pidió la cámara en varias ocasiones, en una de esas me puso el brazo sobre el hombro y me dijo: ‘vámonos de aquí que te van a joder, vámonos al Edificio Nacional’. Los dos nos fuimos para allá y cuando entramos volvió a pedirme la cámara, le dije que no y entonces me la arrancó de las manos”.

Así recuerda Alexander Sánchez, reportero gráfico del diario El Informador, la agresión de la que fue víctima el 5 de marzo de 2014 cuando se encontraba en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, estado Lara, fotografiando un enfrentamiento entre un grupo de oposición y otro oficialista, que conmemoraba el primer aniversario de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.

Sánchez es uno de los 147 comunicadores sociales que El Universal ha contabilizado como víctimas de ataques a la libertad de expresión desde el 12 de febrero hasta al 20 de marzo de este año, durante las movilizaciones de calle ocurridas en el país para protestar contra la inseguridad, la escasez y el alto costo de la vida.

Las cifras fueron contrastadas con el monitoreo realizado por la ONG Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Venezuela (SNTP). En este período se han registrado 224 violaciones, entre detenciones, amenazas, hostigamiento verbal, agresiones físicas y censura contra periodistas, corresponsales internacionales, fotógrafos y camarógrafos, entre otros.

Alexander pudo salir del lugar en el que fue atacado y horas después logró que le devolvieran su cámara en el Core 4 de la Guardia Nacional (GNB), pero sin las imágenes de los sucesos.

Sus colegas que estaban en el mismo lugar, no corrieron con la misma suerte. La periodista Aura Marina Rodríguez y el fotógrafo Juan Brito, ambos de El Impulso, fueron agredidos verbal y físicamente. A Brito lo golpearon y le arrebataron su equipo de trabajo y lo destruyeron.

La historia se repitió con la periodista Amny Pérez y el reportero gráfico Hugo Pachano, de La Prensa. El fotógrafo tuvo que recibir atención médica por los golpes que le propinaron y su cámara fue robada y destruida, mientras que a la comunicadora “la tomaron por el cabello para tirarla al suelo”, dice el informe Los trances de la libertad de expresión, realizado por Espacio Público en el período del 12 de febrero al 20 de marzo de 2014.

Cerco informativo

Desde que se iniciaron las protestas el 12 de febrero, a los trabajadores de los medios se les ha tratado de impedir, por distintas formas, la cobertura de estos hechos durante la actuación de cuerpos de seguridad del Estado y de civiles en actitud agresiva.

Una de esas formas de obstaculizar la labor informativa es a través de la detención o retención ilegal de los periodistas y reporteros gráficos por parte de los funcionarios de cualquier cuerpo de seguridad. Al menos 30 comunicadores han sido detenidos sin orden judicial.

En la mayoría de los casos, la detención viene acompañada de otro tipo de ataque como agresión física, amenaza, hostigamiento verbal o incluso el robo, hurto o decomiso del instrumento de trabajo con el fin de censurar. Tal fue el caso del fotógrafo de la revista Exceso, Rafael Hernández, quien fue detenido y agredido el 12 de febrero por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) cuando cubría los hechos ocurridos en Parque Carabobo. Mientras fotografiaba “a efectivos del Cicpc agrediendo a una mujer”, fue sujetado por “uno de los agentes que le arrancó el carnet de prensa y su equipo fotográfico, fue golpeado repetidas veces por un grupo de entre 10 y 15 funcionarios, le rosearon gas pimienta alrededor de los ojos y lo trasladaron a la sede del Cicpc en Parque Carabobo, donde permaneció retenido hasta las 12 de la noche”, señala el informe de Espacio Público.

Heridos de bala

Varios comunicadores han sido golpeados o heridos durante la cobertura de las protestas. En la lista figuran al menos 45 trabajadores de los medios, dos de ellos con herida de bala: uno fue el camarógrafo de la gobernación del estado Mérida, Jilfredo Alejandro Barrada, según el reporte de agresiones realizado por el SNTP; y el otro, la periodista de Venezolana de Televisión, Mayra Cienfuegos, según informó el 14 de febrero la presidenta de ese canal, Yuri Pimentel.

El tipo de violación más común es el del hostigamiento verbal y la amenaza, con 115 casos. Un ejemplo es el de la periodista y productora audiovisual Andrea Jiménez, quien fue detenida el 24 de febrero por efectivos de la GNB en la urbanización Trébol Country en San Antonio de Los Altos, estado Miranda. “Se le amenazó con abusar sexualmente de ella; con mutilarle extremidades; con matarla y con llevarla al INOF, en donde abusarían sexualmente de ella”, revela un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB sobre los detenidos durante las manifestaciones.

Conducta recurrente

Ha sido un hecho recurrente la persecución a cualquier comunicador o persona que registra con celular, cámara fotográfica o de video, la actuación de las fuerzas del orden público o de algunos civiles. Al menos 34 personas que desempeñan labores informativas se les ha arrebatado los equipos para borrarles las imágenes o videos. En algunos casos se les decomisan alegando que es material de investigación, y en otros se les roban o destruyen, como le sucedió a la fotógrafa italiana Francesca Commisari, quien denunció el 6 de marzo a través de su cuenta en Twitter, que su cámara, “robada por la GNB” cuando fue detenida la noche del 28 de febrero en Altamira mientras cubría las protestas, fue puesta a la venta en el portal mercadolibre.com.

En opinión de Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, esta actuación de los órganos de seguridad es “un patrón absolutamente generalizado en todo el país”, que se venía produciendo desde abril del año 2013, pero que se acentuó después de los hechos del 12 de febrero.

Desde su percepción, “hay una instrucción de uso excesivo de la fuerza, que está teniendo unas implicaciones en materia de derechos humanos, y el mecanismo de impunidad es que están procurando la invisibilización, es decir la imposibilidad de que la gente pueda mostrar algo”.

El Foro por la Vida sostiene que este tipo de acciones “procuran la impunidad de los funcionarios militares y policiales que no quieren que se documenten sus actuaciones y atropellos”.

Similar actuación es observada tanto en manifestantes de ambas tendencias políticas como en motorizados y civiles armados que se identifican con el oficialismo. Ese fue el caso de las periodistas del Correo del Caroní, Oriana Faoro y María Ramírez Cabello, quienes el 19 de febrero mientras cubrían enfrentamientos en Alta Vista, Ciudad Guayana del estado Bolívar, “dos motorizados armados, con franelas rojas (…) les apuntaron hacia un costado y les quitaron los teléfonos” con que grababan los conflictos, reseña el documento de Espacio Público.

Victimarios en acción

Los oficiales de la GNB encabezan la lista de victimarios con un 36,49% (54 efectivos) de participación; en segundo lugar los manifestantes oficialistas con un 20,95% (31 civiles) y en el tercero los motorizados con 10,14% (15). Le siguen los encapuchados o civiles armados con 7,43% (11) y con el mismo porcentaje otros tipos de funcionarios. Luego están los manifestantes de oposición con 6,08% (9), agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 4,73% (7), oficiales de las policías regionales con 4,05% (6), y efectivos del Cicpc con 2,70% (4).

En cuanto a las víctimas, se encuentran afectados: 70 periodistas, 31 fotógrafos, 30 corresponsales, 9 camarógrafos y asistentes de cámara, cinco comunicadores con otro tipo de funciones y dos conductores de vehículos de prensa.

Todo parece indicar que el objetivo es atacar a la prensa para silenciar e invisibilizar interna y externamente lo que ocurre en Venezuela. Esta idea se ve reforzada al observar que del 12 de febrero al 20 de marzo el gobierno nacional impuso 36 cadenas obligatorias de radio y televisión que sumaron 42 horas, 21 minutos y 5 segundos sin acceso libre a la información, para un promedio de 1 hora y 7 minutos diarios, según los cálculos de Espacio Público. En el 2013 el promedio de las cadenas fue de 49 minutos diarios.

A esto se le suma la salida del aire del canal colombiano NTN24 de las cableras el 12 de febrero por orden del Ejecutivo nacional, y el bloqueo parcial de imágenes y videos en Twitter el 14 de febrero, información confirmada por Un Wexler, vocero de esta red social.♦

Este reportaje de Alejandra Hernández fue publicado originalmente en El Universal, el 23 de marzo de 2014

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